Edmundo Jacobo exsecretario Ejecutivo del INE se ampara después de 15 años en el puesto y de obtener un sueldo de 160 mil pesos mensuales
T|CDMX|08032023. Para cualquier ciudadano cada vez que se habla de los altos funcionarios de los órganos constitucionales autónomos y del poder judicial, lo que más le sorprende son los grandes sueldos y los privilegios adicionales que obtienen para cumplir con sus funciones como servidores públicos, mientras que para los integrantes de estos órganos lo más importante son su autonomía, su trabajo especializado y su respeto a las leyes. Así se habitan dos mundos cuando se habla de la alta burocracia estatal. Desde luego, en el mundo cotidiano ajeno a las dinámicas institucionales y decisiones trascendentales para el país, escuchar que un funcionario puede ganar alrededor de 300 mil pesos al mes, suena claramente imposible, desproporcionado y ofensivo, porque de inmediato lo compara con su ingreso personal, de allí que el frecuente juicio de las personas de a pie sea: ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Mientras que en el mundo de las grandes oficinas al mencionarse su sueldo y prestaciones prefieren hablar de sus funciones, logros e importancia y evitar tratar el tema bajo cualquier circunstancia, ya que sensatamente saben que ganan demasiado.
¿Por qué tienen esos sueldos y prestaciones? Si se indaga la respuesta final es que se debe a que las leyes aprobadas así lo establecieron; en todas las leyes se aduce que obtienen todos esos beneficios para que no se dediquen a otras funciones y no caigan en las garras de los grupos de interés, económicos y políticos, y con este tipo argumentos se cree son suficientes para justificarlos. Lo cierto es que, lamentablemente, en nuestro país existe una especie de elites políticas y económicas que interactúan, se impulsan y protegen, de tal manera que se dan todas las facilidades para controlar todos los espacios institucionales importantes y sus recursos públicos. Así al configurar las leyes, los integrantes de estos grupos y sus partidos políticos representados en el poder legislativo establecen una conjunto de prestaciones legales (sueldos, prestaciones, pensiones y fondos de retiro) más otro grupo de privilegios que dejan al arbitrio de los administradores internos, en el que se incluyen todos los insumos que se necesita para hacer su trabajo (asesores, chofer, personal de apoyo, gasolina, comidas, viáticos y pasajes, atención médica inmediata especializada), en fin que tanto por ley como por decisión de sus empleados los altos funcionarios de órganos constitucionales autónomos y poder judicial reciben enormes y desproporcionadas cantidades de recursos públicos. A todo lo anterior, además, se debe agregar, que en la mayoría de los casos se otorgan los nombramientos por no menos de cinco años, esto es así, dice la ley, porque no deben estar sujetos a los cambios de gobierno que siempre afectan el funcionamiento de las instituciones. De esta manera se ha configurado un grupo de altos funcionarios, muchos de los cuales provienen de la academia, unos más de las filas de asesores especializados de políticos y partidos y otros de cargos importantes anteriores, para obtener la enorme distinción dirigir a los poderes del Estado y obtener inmensos ingresos.
Cada vez que se aborda el tema de los ingresos en la alta burocracia transexenal, se desvía la atención para destacar su trascendencia para la estabilidad del país y se habla de legalidad, pero jamás de moral, porque sería imposible justificar que en una sociedad profundamente desigual inequitativa, jerárquica y discriminatoria, existan esa diferencias de ingresos auspiciadas por el Estado y sus leyes. Todo esto bien a colación porque ahora mismo el exSecretario Ejecutivo del INE, Raymundo Jacobo, ha presentado un recurso contra la decisión de la nueva Ley Electoral por destituirlo después de 15 años de obtener un ingreso mensual de alrededor de 160 mil pesos mensuales libres de polvo y paja, y debido a qué se trata de un funcionario sin el cual el sistema electoral no puede funcionar, pues estamos a la espera que los integrantes del Tribunal Electoral, confirmen que debe regresar a su cargo porque las actividades que realiza son más complejas que la física cuántica.
Edmundo Jacobo pertenece a esta especie de burocracia bañada en pureza, esencias y oro, de la cual no puede prescindir el país, y, por lo que se ve, sus integrantes tampoco pueden abandonar sus trabajos. Pues bien, justo hoy que observamos el caso del exSecretario Ejecutivo del INE, aparece en las noticias matutinas que los integrantes del Poder Judicial de la Federación tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos, recursos que sólo usan cuando es necesario, es decir de ese tamaño son sus necesidades.