Según medios de comunicación y articulistas actualmente existe una confrontación abierta entre el titular del poder ejecutivo y el del poder judicial .
T|CDMX|07022023. A raíz de la ceremonia de aniversario 106 de la promulgación de la Constitución de 1917, el pasado 5 de febrero, las distintas plumas y encabezados de los periódicos destacaron un gesto de descortesía por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucia Piña, al presidente AMLO, en el momento en el cual no se levantó de su asiento para aplaudir el final de su discurso. De inmediato un conjunto de voces en twitter y en artículos y noticias resaltaron la valentía de la ministra por plantar cara al poder ejecutivo que busca someter a todos los poderes con su inmensa concentración de poder. Al rompimiento del tradicional protocolo, el presidente mismo comentó en su conferencia matutina del siguiente día: “¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación…Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía”.
Las posturas de la comentocracia y los periódicos nacionales deambulan entre su idea del presidente autoritario y la búsqueda de héroes que lo acoten. Actualmente, los medios y sus escribanos, buscan contraponer dos sistemas políticos, el autoritarismo y la democracia, en todo acto, acontecimiento o declaración provenga del mismo presidente, de cualquier político de oposición, representante social o económico, funcionario público o líder de opinión, proyectando escenarios de punto final, es decir de momentos definitivos en los cuales uno de los oponentes pierde, resaltando aquellos donde el derrotado es el titular del poder ejecutivo. De esta forma, no es posible observar con más detalle y análisis los hechos mismos, es decir analizarlos de forma particular.
Pensando en el “desaire al protocolo” de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las declaraciones del presidente, es posible que estemos frente a un cambio profundo de nuestra cultura política: el descenso de la figura presidencial del limbo incuestionable e inatacable en los actos públicos. Tradicionalmente la figura del presidente es el centro de los actos públicos. Este hecho siempre se cuestionó, ya que, desde tiempos remotos, no podíamos prescindir del gran tlatoani. Ahora que el jefe del ejecutivo viaja en líneas áreas comerciales, encabeza marchas, se detiene a hablar con la gente durante sus giras o permite que lo interpelen, por ejemplo, no sabemos qué hacer ni cómo acomodar estos actos y no sabemos qué opinar sobre el presidente. A lo mucho se le juzga por populista o por estar siempre en campaña política y no gobernar. Al parecer a algunos de nuestros destacados analistas se les ha olvidado la crítica a los protocolos del viejo priismo, cuya máxima era la “forma es fondo”, y a las formas exageradas de pleitesía y subordinación a los que se sometían todos los integrantes de la clase política al presidente en turno, pero también están cegados por sus intereses, ya que en el momento que esos protocolos, formas y conductas cambian o se rompen, voluntaria o involuntariamente, se alarman porque o el presidente es débil y ha perdido toda su fuerza o los funcionarios o representantes desafían el poder omnipresente y seguramente serán sometidos mediante la presión o la marginación política.
Nuestra cultura política sigue siendo la preeminencia de un solo hombre, aunque los cambios demuestren lo contrario. Nos negamos a romper el molde tradicional y a buscar otras formas de ejercicio del poder, no aceptamos prácticas más horizontales ni nuevos usos de la cortesía o descortesía entre la clase gobernante. Nuestra medida debe ser el presidente y sus formas.
Actualmente, las relaciones entre los poderes van más allá de los actos protocolarios, ya que se sustenta en cuestiones específicas y casos concretos que forman parte de las prioridades de cada poder y de las funciones que por ley deben cumplir. Por ejemplo, el titular del poder ejecutivo ha cuestionado y denunciado públicamente el actuar de algunos jueces, ya que ha dicho que liberan con facilidad a delincuentes por posibles actos de corrupción: ¿Es una completa mentira está denuncia? Por el contrario, algunos integrantes del poder judicial han insistido en que se acusa sin pruebas a algunos jueces: ¿Qué se debe hacer? ¿Armar un expediente de cada caso en el cuál haya dudas del desempeño del juez para que sea válida? Estas diferentes posturas frente al tema de los jueces, nos dicen los medios, es una clara muestra de la confrontación entre poderes. La verdad es que debería ser una de las muchas diferencias que se da entre los poderes porque están relacionadas con el cumplimiento de sus funciones. En este momento de la vida política de nuestro país, las relaciones entre poderes deben ir más allá de “atentados” o búsqueda de control contra un poder. Las relaciones entre poderes en si mismas será siempre complejas y problemáticas, en la teoría y en la práctica, y así debe ser en contextos de transformación política.
En los próximos meses veremos nuevamente cómo se da la relación, por un caso específico trascendente, entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial entorno a la propuesta para modificar diversas leyes relacionadas con el INE y los procesos electorales. En este tema veremos una verdadera división de poderes, más allá de lo que dicen los opinadores y la prensa y los protocolos que deben seguirse. Se trata de una verdadera propuesta por modificar el sistema político o mantenerlo. La SCJN, por su carácter de tribunal constitucional, tendrá la última palabra y deberá, en un verdadero acto republicano, exponer ampliamente sus razones para justificar su decisión y demostrar que sus integrantes no están comprometidos con una parte (no pueden seguir la ruta de los integrantes del INE que se volvieron una parte e hicieron campaña con distintos recursos para defender su “propuesta”).
Estamos en un punto de quiebre del símbolo que encarna la figura del presidente de la República, ese símbolo quizás está transitando a uno más cercano y asequible. Tal vez una vez traspasado ese umbral de la cultura política basada en el presidente, nos dediquemos más a analizar las decisiones y relaciones de los tres poderes sin maniqueísmo, grillas, luchas soterradas ni complots de por medio. Exigir nuevas relaciones entre los poderes que nos gobiernan, es seguramente más democrático que aceptar visiones simplistas basadas en “la forma es fondo”.