Al parecer lo que rinde frutos ahora es cuestionar cuando no se tiene la fuerza para imponer
T|CDMX|27032023. Las elecciones para designar a los nuevos consejeros del INE, incluida la de la consejera presidenta que por resolución del Tribunal Electoral y acuerdo de la Cámara de Diputados será mujer, se encuentra nuevamente polarizada. No es la primera ocasión, siempre que hay algún cambio en su Consejo General, salen a relucir las dudas u opiniones sobre los perfiles, que normalmente se dice tienen sesgos o simpatías partidistas. Así ha sido siempre, también ha sido normal que generalmente las designaciones, sobre todo en los casos de organismos constitucionales autónomos que se integran y dirigen por consejos de más de 6 integrantes, se den a partir de acuerdos de “cuotas y cuates” entre líderes de los partidos. Esa máxima, que es un pacto interpartidista informal, funciona entre los partidos que tienen el mayor número de integrantes en el poder legislativo, es decir tienen más votos para apoyar o rechazar la decisión final, y permite que al tener su “cuota o cuate”, no se cuestione o impugne el proceso y todos permanezcan callados ante los reclamos de la opinión pública o de los grupos excluidos. De esta manera, a pesar de aprobar y crear normas y procesos más transparentes que han buscado elegir los candidatos a partir de criterios de imparcialidad, siempre se cuestiona a los designados. En esta ocasión no es diferente. El punto central radica en saber si Morena, quién tienen la mayor fuerza, logra obtener apoyo de otros partidos para designar a los cuatro nuevos integrantes del Consejo del INE, ya que se requiere de una mayoría calificada de dos terceras partes de los votos de los diputados de presentes en la sesión, es decir requiere de 333 votos si están todos los diputados (Morena cuenta con 201 diputados, sus aliados tienen 41 el PVEM y 33 el PT, es decir sumaría 275).
Llama mucho la atención que ahora sean los partidos del PAN, PRI y PRD los que declaren que no permitirán “que se imponga a perfiles que no sean imparciales, porque el compromiso es con la democracia”, cuando fueron precisamente los partidos que inauguran la repartición de cargos en todos los niveles y esferas institucionales. No es necesario tener una gran memoria para recordar que la mayoría de los designados en los distintos órganos nunca dejaron huella de su paso y jamás lograron realmente demostrar esa imparcialidad que se exige (allí están los últimos casos de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama). Y no es posible porque todos los designados saben que de una manera u otra su designación, con todos los beneficios que conlleva, fue gracias a las recomendaciones o apoyos de los líderes de los partidos. Los integrantes del poder legislativo son capaces de cualquier cosa con tal de otorgar el favor a sus cuates y exigir el pago de la deuda, ya sea a través de “decisiones recomendadas” o beneficios directos o indirectos (que van desde dar trabajo a los que envíen el diputado hasta cabildear asuntos con otros funcionarios y “agentes políticos y económicos”, porque su lógica es siempre “ganar algo, lo que sea”).
Ahora bien, en el momento en el que nos encontramos respecto a la designación de los nuevos cuatro consejeras y consejeros integrantes del INE (2 hombres y 2 mujeres), existe un hecho paradigmático que deberá resolverse antes del 1 de abril. Primero, resulta que el “Comité Técnico de Evaluación” (con 7 integrantes: 3 acordados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 2 por el Instituto Nacional de Información Pública y 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos) informó que originalmente se admitieron 531 aspirante, después de un examen de conocimientos en materia electoral, se redujo a 90 a partir de los mejores resultados, y, finalmente, una vez que se evaluó la idoneidad a través del currículum vitaes con un valor de 40%, una exposición de motivos, con un valor de 30%, y un ensayo, con un valor de 30%, quedaron 20 candidatos finales que integraron 4 quintetas, es decir hay 5 posibles finalistas para cada uno de las vacantes que se deberán cubrir. Segundo, resulta que de los 20 finalistas existen por lo menos 6 que tienen algún vínculo (laboral, familiar o de asesoría con integrantes del partido en el poder) y aún más grave, dice la oposición, es que en la quinteta para presidir el Consejo General todas las candidatas estarían en ese supuesto de “dudas de su imparcialidad”. Tercero, debido que Morena y sus aliados no suman los votos para la designación, es altamente probable que la designación se haga a partir de la insaculación, es decir que, puestos los nombres de las 20 candidatas y candidatos en una urna, 5 para cada cargo, se seleccione al azar quien obtiene el nombramiento. Desde luego que eso iría en contra de todo el proceso de selección y de los trabajos del Comité de Evaluación quien debió justificar cada una de las decisiones adoptadas en cada fase, porque no sería por méritos el resultado sino por la suerte. Aquí está lo paradigmático del proceso: debido a la integración de las fuerzas partidistas en el congreso, la integración del INE se daría por el azar y no por los acuerdos tradicionales de “cuotas y cuates”, y con ello se rompería por fin una práctica que afectó profundamente el funcionamiento de muchas instituciones. Lo lamentable es que pagarían “justos por pecadores”, ya que dado el seguimiento que dio Transformación al proceso de selección, existen evidencias que, sin importar la reciente defensa a ultranza de la imparcialidad por parte de la oposición, a los candidatos con los mejores resultados en todo el proceso es a quienes se debería designar, ya que en los hechos demostraron su autonomía e independencia y vocación para el servicio público, pero eso ahora no es lo que se exige. Lo que rinde frutos ahora es cuestionar cuando no se tiene la fuerza para imponer, que es justo lo que hacen PAN, PRI y PRD, quienes fueron los creadores de la famosa fórmula de “cuotas y cuates”.