El Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, está en manos de quienes nunca han pasado por las aulas de su Facultad de Derecho
T|CDMX|08032023. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador hizo un comentario relativo a la necesidad de ejecutar una reforma profunda a la UNAM, que por razones diversas –que van de las administrativas a las políticas pasando por las estrictamente burocráticas o sociológicas–, se ha visto inmersa en una dinámica lamentable de desvirtuación de su función originaria, su horizonte y su misión social e histórica, poniendo como ejemplo el hecho de que la actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas así como su antecesor, que lo fue por dos ocasiones –y dan igual sus nombres–, no tuvieron la gentileza de posar sus aristocráticas y refinadas sentaderas en las bancas –que hemos de suponer que no consideraron lo suficientemente dignas de ellos– de su Facultad de Derecho, habiendo optado por algo de más categoría y a la altura de sus reputados abolengos, sus aspiraciones y su clase social, faltaría más: el ITAM.
En efecto, resulta ser que el director del IIJ saliente, así como su sustituta, no tuvieron que padecer el bochorno de compartir aula con pelafustanes de la UNAM porque se fueron ni más ni menos que al Instituto Tecnológico Autónomo de México a cursar sus respectivas licenciaturas con señoritos y señoritas de su clase y dignas de su amistad y pedantería, cosa que es de todo punto legítimo sin duda alguna desde un punto de vista general y republicano, pero definitivamente no lo es para alguien que ostente o aspire ostentar un cargo de alta dirección dentro una institución de educación de alto nivel de carácter público como lo es la UNAM, o como podría serlo la UAM o el Instituto Politécnico Nacional. “¿Dónde están los alumnos de Jorge Carpizo?”, se preguntó retóricamente el presidente en alusión al vacío que se percibe en este instituto en particular.
Y es que parece completamente razonable y natural que, como requisito mínimo e indispensable, persona que quiera dirigir una institución de este tipo debe de ser persona que fue formada en ella –y éste era el argumento de fondo del presidente, según nuestro parecer–, sobre todo porque es en esas decisiones sobre el lugar donde realiza uno sus estudios superiores donde más carga social y más prejuicios de clase se activan y se ponen en juego.
Porque aquí no van a engañar a nadie: si estas personas estudiaron en el ITAM y no en la UNAM fue entre otras cosas (dentro de las que puede haber criterios académicos, no lo negamos) por razones de clase.
El ITAM y el ITESM (el Tec de Monterrey) son dos instituciones clave para entender la historia de la educación superior en México, que fueron creadas en la década de los 40 del siglo XX como opciones genuina, directa y concretamente anti-cardenistas.
En efecto, el Tec de Monterrey nace en 1943 como proyecto de los empresarios de Monterrey, y el ITAM (originalmente Instituto Tecnológico de México) lo hace en 1946 a instancias del empresario Raúl Bailléres. En ambos casos, se trató de un repliegue del empresariado mexicano que vio con muy malos ojos el proyecto del general Cárdenas luego de la expropiación petrolera de 1938 (y cuyo proyecto educativo fue el Instituto Politécnico Nacional, creado en 1936), y que se propusieron como objetivo estratégico de largo plazo controlar la educación y el poder político del país lo más pronto que se pudiera.
Al día de hoy no han podido poner un presidente de la república (si hubiera ganado Meade en 2018, cosa que era imposible, lo hubieran logrado), pero por lo menos ya llevan dos directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al hilo. ¿Dónde están los alumnos de Jorge Carpizo? ¿Y en manos de quién está la UNAM?