Félix Martínez
El día 18 de noviembre, a las 14, 43, fue publicado, por la cuenta @Re_Villareal, en la red X, la siguiente nota: “Alumnas del Voca 8 del @IPN_MX se hartaron del encubrimiento y la falta de atención a sus denuncias contra maestros agresores y acosadores. Otros planteles dieron a conocer ya, listas de profesores denunciados en conjunto. #FueraAgresores.” En un video de 3 minutos y 39 segundos, conocemos, sin filtros ni editoriales, un hecho que refleja una acción desesperada por parte de un grupo de alumnas para exigir que los reclamos feministas sobre el respeto, la dignidad y la necesidad de erradicar la violencia de género se transformen en los espacios cotidianos de forma radical, y que las respuestas institucionales a las denuncias de acoso y hostigamiento sexual dejen de ser simulación. Este caso, liderado por un grupo de estudiantes adolescentes, pertenece a la micropolítica, es decir, a procesos políticos que ocurren a niveles pequeños y localizados. También es un reflejo fiel de la macropolítica, entendida como procesos que suceden en las estructuras políticas a un nivel más general.
Abordar el caso de una institución educativa en Azcapotzalco también nos permite conocer aspectos de las relaciones entre autoridades y grupos sociales, así como los efectos políticos y sociales en casos de luchas legítimas, especialmente cuando existe un sistema autoritario que desconoce y subordina de manera casi automática los reclamos de los grupos afectados debido a su complicidad u omisión con sus instrumentos operativos de autoridad.
Los hechos son los siguientes: Una alumna, visiblemente menor de 18 años, completamente vestida de negro, con el rostro embozado con un pañuelo morado, marcadamente nerviosa, se planta al frente del salón de clases, se dirige al profesor, sentado frente a su escritorio, y lo denuncia públicamente de acosar a alumnas y profesoras, y de amenazar. Resulta importante destacar su discurso: “No lo queremos dentro de la institución, y si esto no se cumple no nos va a quedar más que irnos a paro, porque no es la primera vez que lo hace, que tiene relación con una menor (…) siempre da cosas para que puedan pasar su materia…”, inmediatamente después, un grupo de alumnas, igualmente vestidas, se dirigen en “bola” en contra del profesor, quien sólo alcanza a decir “¿qué, me van atacar?”. El profesor es efectivamente rodeado por una pequeña muchedumbre de mujeres jóvenes, le llueven manotazos de forma casi infantil, es tirado al piso, pintan su ropa y cabello de color morado con spray, para posteriormente sacarlo de pies y manos del salón, al grito de fuera ( https://x.com/re_villarreal/status/1725977932190138763?s=48&t=qUIrocEGy1rp6GrBtc2QYg )
El hecho no debe ser solo una anécdota, ya que refleja fenómenos políticos recurrentes no solo en las escuelas, sino también en entornos comunitarios, familiares, organizacionales e institucionales debido a la violencia de género y la incapacidad institucional para responder a una demanda social prioritaria. Además, es un reflejo de un proceso en el que confluyen los mecanismos tradicionales de ejercer autoridad sobre los estudiantes y la irrupción, ahora, de nuevos símbolos, métodos y acciones de grupos inconformes como contrapeso al autoritarismo. Sobre este hecho, deseo agregar un punto de vista basado en cuatro proposiciones: el primero se refiere a los nuevos símbolos de las protestas, el segundo al abuso de autoridad, el tercero a la pérdida de legitimidad y, finalmente, el cuarto a la reacción social ante la protesta.
La primera proposición destaca el uso simbólico de elementos relacionados con la inconformidad política radical y el feminismo militante. Las jóvenes ingresan al salón completamente vestidas de negro y embozadas con una pañoleta morada, dejando exclusivamente al descubierto sus ojos. El uso de estos símbolos, en particular la vestimenta negra, está habitualmente relacionado con los grupos anarquistas, el llamado “bloque negro”, que son, según sus propias consignas, una acción revolucionaria en contra de un sistema económico y político y contra el Estado burgués capitalista. Sin embargo, en el caso de la rebelión de las alumnas, su acción política no es contra las instituciones de forma abstracta; se trata de confrontar actos reiterados de injusticia en un contexto específico, la escuela, debido a que se ha llegado al límite de un “estado de cosas” inaceptable. Usar la vestimenta negra y encapuchada es la manifestación de una posición política extrema y, al mismo tiempo, una estrategia para hacerla visible, pero sobre todo es de naturaleza anónima, con el fin de evitar represalias con nombre y apellido, y colectiva, porque involucra de alguna forma un proceso de autoorganización. Además, el uso del pañuelo morado, símbolo universal, hace aún más específico el reclamo, ya que no hay duda de que es un reclamo feminista en contra del abuso y acoso sexual, siendo las propias jóvenes las que llevan a cabo la expulsión simbólica y real del acosador. El uso de estos elementos simbólicos denota un acto desesperado; por ello, es de alguna forma una rebelión de un grupo que se enfrenta a un sistema autoritario que deja en indefensión a sus víctimas, en este caso, a las alumnas. Una vez más, el uso de los símbolos refleja de distintas formas un ejercicio de lucha contra el poder autoritario.
La segunda proposición aborda el abuso de autoridad por parte del profesor y la impunidad fomentada por las autoridades escolares. Cuando hablamos de abuso de autoridad, nos referimos al uso indebido o excesivo de una posición de poder con el propósito de obtener ventajas personales, satisfacer intereses propios o ejercer control de manera injusta sobre otros. El acoso y hostigamiento sexual en la escuela constituyen, sin duda, un abuso de autoridad, ya que, a través de mecanismos institucionales, se llevan a cabo prácticas ilegales que atentan contra la integridad de las alumnas; de hecho, existen normas que sancionan severamente este tipo de comportamiento.
Cuando las alumnas mencionan “no es la primera vez”, el profesor no muestra reacción ni parece dispuesto a desmentir las acusaciones, ya que tiene la seguridad de que, como en otros casos, de ser ciertas, no habrá consecuencias. El abuso de poder está estrechamente relacionado con la impunidad, ya que sus actos no enfrentan castigo legal. En las escuelas, se asume que los profesores son una autoridad, tanto por su figura moral como por las funciones que desempeñan, y están sujetos a un conjunto de reglamentaciones y objetivos institucionales. Sin embargo, de manera casi natural, se tiende a creer que los profesores y autoridades tienen derecho a “la razón”, es decir, que su palabra vale más y puede anular cualquier otra. De esta manera, en caso de conflicto entre el alumnado y los profesores, es más probable que se exija a los primeros que prueben sus denuncias, imponiéndoles la carga de la prueba según la jerga del derecho. Esto refuerza una relación desigual donde las autoridades y el profesor representan un sistema de poder institucional y los alumnos se encuentran en el nivel más bajo de subordinación.
Este autoritarismo académico, por usar un concepto, refuerza el abuso de poder y la impunidad al crear una especie de fuero invisible para profesores y autoridades. Y es precisamente contra esto que se rebela el grupo de alumnas.
La tercera proposición aborda la pérdida de legitimidad de los profesores y autoridades. El concepto de legitimidad, en términos simples, se refiere a la aceptación o reconocimiento generalizado de una autoridad o poder, a la legalidad de una institución o las acciones de un individuo en una posición de liderazgo. En otras palabras, una entidad es legítima cuando la sociedad en general reconoce y acepta su derecho a tomar decisiones y actuar en su favor.
La pérdida de legitimidad provoca, casi automáticamente, el desconocimiento de los actos de la autoridad y, por lo tanto, obstaculiza el ejercicio de funciones o facultades. Las acciones percibidas como injustas erosionan la legitimidad y suelen generar inconformidad o protesta contra una entidad percibida como ilegítima. Al final de la historia mostrada en el video, cuando el profesor yace en el suelo, se acerca un estudiante hombre, le pide que se vaya y lo patea, un acto que demuestra que la autoridad ha sido despojada de su función de enseñanza-aprendizaje. Este acto refleja la ruptura simbólica de la jerarquía y de la autoridad debido a una pérdida de legitimidad otorgada formal e informalmente.
La última proposición que deseo destacar es la reacción social ante la llamada “justicia por propia mano”. Al final del video, en el momento en el cual el profesor es expulsado en vilo, una mujer interviene y se dirige a las jóvenes diciendo: “¿por qué no hacemos la denuncia ante el ministerio público?”, a lo que las alumnas responden: “porque siempre se hacen”, “ya se han hecho muchas denuncias”, dando a entender que, por el acto mismo, no ocurre nada. Socialmente, se exige que se actúe dentro del marco de lo legal, siguiendo las formas correctas de denunciar para que sean debidamente atendidas. Se cuestionan los actos de protesta no “ciudadanizados” bajo el argumento de que “la violencia genera violencia”. Sin embargo, en general, se desconocen las razones específicas que llevaron a una protesta radical.
Las alumnas claramente enfrentan un caso de abuso e impunidad reiterada, al punto de convertirse en una violencia cotidiana tan normalizada que parece inexistente e invisible. La recomendación de acudir al ministerio público implica la idea de que, al no recibir respuesta de las autoridades, las víctimas busquen justicia en otro orden o instancia, excluyendo así a los directamente responsables de su deber. No se propone que sean las autoridades directamente involucradas las que cumplan con sus obligaciones, sino que otras instancias garanticen la justicia, iniciando un proceso burocrático y complejo. Los efectos de este proceso no solo incluyen presiones que, en muchos casos, llevan al desistimiento, sino también el riesgo de revictimización. En este sentido, actuar de manera “civilizada” tiene altas posibilidades de llevar a un “callejón sin salida” con el mantenimiento del sistema de impunidad y autoritarismo.
Finalmente, deseo mencionar que el término “rebelión” puede ser considerado como “indeseable o cuestionable” debido a sus connotaciones violentas, pero de manera más amplia también se puede entender como un acto de resistencia o desobediencia abierta contra la autoridad establecida, en este caso, un profesor impune y las autoridades. Implica una acción organizada y a menudo tiene como objetivo cambiar un sistema existente a través de diversas formas de protesta u otras formas de oposición activa. El grado de violencia y el alcance de la acción suelen influir en cómo se clasifica y se percibe una rebelión específica, por ejemplo, si es considerada justa o injusta.
En este sentido, lo ocurrido en la vocacional 8 fue una rebelión justa contra una situación específica de acoso y abuso sexual por parte de una autoridad hacia las alumnas. Tanto es así que, debido a la rebelión, las autoridades escolares se vieron obligadas a pronunciarse en contra del acoso y abuso, garantizando que no habrá impunidad, lo cual con toda seguridad no habría sucedido si el video no se hubiera hecho público. A pesar de esto, los efectos en el sistema de enseñanza-aprendizaje por los abusos de autoridad, la pérdida de confianza y de legitimidad, erosionan el papel que debe cumplir el sistema educativo en su conjunto. Las alumnas se encuentran en la disyuntiva de aceptar una situación grave de afectación de derechos o llevar a cabo una acción contra un sistema autoritario.
Este alegato podría entenderse como una proclama a favor de las rebeliones; sin embargo, es, sobre todo, una denuncia al autoritarismo y la impunidad que persisten en nuestras instituciones escolares y en otros espacios de socialización. Un acto de rebelión como el presentado es producto de una condición de injusticia insoportable, y aunque no podemos aceptar la violencia por sí misma, es importante abordar sus causas específicas para comprender su origen y las condiciones en las que surge, más allá de rechazos, linchamientos mediáticos o sociales.