Oscar Novella
A lo largo de los sexenios de Vicente Fox en la última parte, todo el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, Genaro García Luna desarrolló una tremenda capacidad para corromper del aparato de gobierno, siendo funcionario y proveedor; también para operar, digamos, un cartel institucionalizado, socio de cárteles formales.
Al tiempo que se ha estado realizando el juicio en contra del ex secretario de Seguridad de Calderón, en México se encuentran abiertas carpetas de investigación por la Fiscalía de la República, a partir de una investigación que ha estado efectuando la Unidad de Inteligencia Financiera por medio de la cual han descubierto una compleja red de negocios fraudulentos entre empresas vinculadas a García Luna y los gobiernos calderonista y peñista, tal como lo reveló la semana pasada su titular Pablo Gómez. La UIF expuso que entre 2009 y 2028 las empresas vinculadas por el superpolicía calderonista y su cartel de cuello blanco, obtuvieron alrededor de 30 contratos ilícitos con ganancias por el orden de 745 millones de USD.
El dinero proveniente del erario público y maniobrado a través de los citados negocios ilícitos entre el gobierno y la red de “empresas de seguridad”, que en la realidad se trataba de fachadas y factureras, todas ellas a nombre de familiares y amigos de García Luna; en principio fue transferido a Barbados para finalmente terminar en Miami y utilizado para comprar mansiones y autos de lujo.
A este infame y complejo entramado de actos de corrupción y acciones delictivas atribuidas a Calderón por conducto de García Luna se suma el nombre de Luis Cárdenas Palomino, detenido en 2021 por la imputación del delito de tortura en torno al caso de Vallarta y la francesa Florence Cassez (tampoco olvidemos a Loret de Mola en este asunto) y señalado en el juicio de Brooklyn por el delito de conspiración para traficar drogas. Pablo Gómez acusó de la protección recibida por Cárdenas Palomino de parte de los magistrados del Poder Judicial de la Federación: Jorge Antonio Cruz Ramos (Presidente), María Elene Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, para ser liberado de la lista de personas bloqueadas por el sistema financiero para efectuar operaciones.
Además de que lo expuesto por Pablo Gómez provee más elementos para el análisis en torno al papel que jugaron Calderón y García Luna, quienes con base en las evidencias eran cómplices en la fundación del cartel institucionalizado y beneficiarios directos de las ganancias; y de las aberrantes determinaciones de los magistrados; lo cierto es que se abre la posibilidad de que tanto la Fiscalía como el mismo Poder Judicial asuman la responsabilidad de hacer justicia en contra del cartel institucionalizado de García Luna, quien por todas las revelaciones también es culpable de la actual situación de violencia en México.
Por supuesto lo valioso de este hecho es la serie de denuncias tanto políticas como formales, que realizó Pablo Gómez en el ámbito de sus atribuciones; y la posibilidad de que tarde o temprano tales denuncias tengan un cause jurídico del lado mexicano. Pero lo que también fue valioso fue ver a Pablo Gómez, heredero de la izquierda socialista y al Presidente López Obrador, heredero de la izquierda nacionalista, popular, juntos al micrófono compartiendo una clase magistral en torno a la actual decadencia del Poder Judicial. Porque la transformación también es formación.