Izcoatl Jiménez Vargas
Es una realidad que en cualquier país con un sistema democrático en el que se convocan elecciones periódicas es necesario que las fuerzas políticas postulen candidatos con un programa de gobierno que apele a la mayoría de la población y que la convenza de que dicho proyecto es el mejor para guiar sus destinos.
Para que esto sea posible, existen algunas condiciones previas que deben cumplirse siempre en el marco de las leyes e instituciones que en cada país se encuentren vigentes. Sin embargo, nunca podrá negarse que éstas disputas son, a fin de cuentas, una búsqueda legítima del poder que debe estar marcada por el conflicto como parte inherente de la política. Nunca hay ni podrá haber consensos totales. Hay que desterrar la ilusión del pacifismo entendido como la anulación de cualquier diferencia.
Esto parece difícil de comprender y de aceptar para muchos porque se tiende a equiparar conceptos como democracia a los de paz y libertad y se ha pretendido elevarlos a niveles supremos, buscando reducir así las posibilidades de cuestionamiento y reinterpretación. Los hemos vuelto ahistóricos y se han desprendido de cualquier cariz ideológico y político.
Entonces, como si hubiésemos llegado realmente al fin de la historia, se sostiene de manera irresponsable que las instituciones no se tocan, que desde el poder no se pueden cuestionar las estructuras vigentes y que los gobernantes no pueden fungir como opositores dentro de sistemas cuya génesis, se les olvida a muchos, les anteceden porque fueron configurados por quienes en su momento detentaron el poder. Uno que, por cierto, respondía a realidades ajenas a lo que acontece hoy en México y a intereses de grupos que se ven amenazados y acotados por las decisiones del Presidente y que, precisamente por esto, señalan falazmente que cualquier propuesta de reforma y cambio es un acto de tiranía.
Por eso me parece fundamental que, entrados ya en la recta final de este gobierno, no perdamos de vista lo prioritario, la permanencia del proyecto de nación planteado por el Obradorismo que tiene como pilares las siguientes directrices: el nacionalismo económico, con objetivos claros como la soberanía energética y la dirección del desarrollo desde el gobierno que se refleja, entre otras cosas, en los grandes proyectos de infraestructura; la austeridad republicana, atravesada por el combate a la corrupción y la eliminación de los excesos de la alta burocracia; la renovación moral, procurando continuar con la formación y politización de las bases sociales, y una política social orientada a la atención de los más pobres.
En un contexto en el que el fundamentalismo democrático, que considera la democracia como un objetivo en sí mismo, trascendente e inmutable, que no permite ver más allá de qué personaje políticamente correcto asume el cargo, ni mucho menos permite preguntarse sobre los cambios necesarios para transformar las realidades nacionales, se vuelve imperativo no perder la brújula. El reto del Obradorismo es consolidarse entonces como una corriente ideológica objetiva que continúe alimentándose de lo mejor de la historia nacional, en contraste permanente con lo que acontece en el mundo, y que permita nuevas adherencias para consolidar una clase política que actúe en congruencia con sus proyectos y estrategias.
Lo anterior implica no sólo salir avante del derrotero electoral que representa el 2024 con la elección del mejor perfil para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, pero la mirada debe estar puesta siempre más allá de lo electoral. Lo que se defiende no es un cambio de estafeta, la entrada de una administración por otra, el mero enroque en la burocracia.
Si bien la permanencia en el poder, por medios legítimos, es indispensable para dar continuidad a la Cuarta Transformación. También debe implicar la construcción permanente de perfiles, desde el gobierno y el partido, que busquen asumir nuevos liderazgos regionales y nacionales dentro del movimiento, que procuren ser administradores públicos que, insertos en las estructuras de los 3 órdenes de gobierno puedan pulir la política pública y la técnica alineadas al proyecto de nación. Hombres y mujeres que comprendan que lo que está en juego es nada menos que un proceso de refundación de la nación y el Estado mexicano en los albores de este nuevo siglo.