Marcial Manuel Cruz Vázquez
@marcialmanuel3
Desde mi perspectiva, el fondo del debate se deja de lado en favor de la forma, por lo que cabe generar un orden de ideas. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la ideología y el interés de quienes estarían contra la democratización del poder judicial; advertir su pertenencia de grupo que, como todo grupo de poder, suele perpetuarse y apropiarse del beneficio que otorgan las instituciones públicas; diversas prerrogativas como el ejercicio de grandes cantidades de recursos, altos salarios y, en algunos casos como lo podría ser en el de las instituciones públicas de educación superior, el prestigio, en diversos casos orgánico, para fomentar mayores ingresos.
Parece ser que ese prestigio orgánico ha sido de gran utilidad para extender redes de influencia hacia otras instituciones públicas y con ello repetir el ciclo que lleva a la generación de mayores privilegios, situación que posibilita mantener el statu quo.
Con lo anterior no estoy diciendo que sea inadecuado generar riqueza y posición política con base a nuestro trabajo; lo que sí estoy diciendo es que secuestrar las instituciones públicas de manera vitalicia e ilegítima es totalmente inaceptable; es absolutamente antirrepublicano y definitivamente antidemocrático.
De esa perpetuación devienen posturas conservadoras, pues esos grupos no tienen la mínima intención de cambiar sus cómodas circunstancias. También, tienen posturas reaccionarias, cuando tras la acción estas se modifican desfavorablemente.
Cualquier punto de vista cercano a lo anterior se encontraría sesgado, imparcial y subjetivo y sería como tal una falacia, ilógica e irracional, si a partir de él se dijera que la elección de los ministros es demagógica y antidemocrática.
En segundo lugar, debo mencionar la tentación que pudiera darse para llevar a cabo un embate desde, y no por, el Poder Judicial contra la política de Estado. Pongo como ejemplo lo sucedido respecto de la Guardia Nacional y la reciente acción de inconstitucionalidad resuelta por la SCJN. Con argumentos legaloides se ha prohibido el tránsito de este cuerpo de seguridad pública a la SEDENA. Es de clara evidencia que las instituciones policiales han fracasado en su función de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Dicho fracaso se debe a una absoluta incapacidad, ya profesional ya por corrupción, por lo que dicho tránsito no sólo se aprecia adecuado, sino necesario puesto que hay elementos suficientes para considerar que la SEDENA podría regular de mejor manera a esa institución.
Digo que son argumentos legaloides porque si verdaderamente la preocupación fuera velar por el principio de legalidad y el de supremacía constitucional, de igual forma se acataría la obligación que se establece en la fracción segunda del artículo 127 constitucional: Ningún servidor público podrá recibir remuneración… mayor a la establecida para el Presidente.
Cuando a veces sí es importante respetar a toda costa la Constitución, pero otras veces no lo es tanto, la sospecha de una posición parcial y sesgada desde, y no por, la judicatura es cada vez mayor. Esto abre la puerta ampliamente a la desconfianza, y más que un debate sobre la constitucionalidad de la política pública nos acerca a la preocupación de estar ante un golpe blando de Estado y lawfare.
No es poco común que desde el Poder Judicial se tengan posturas conservadoras y reaccionarias por mantener el statu quo. Me refiero a sus altos miembros quienes pudieran haber sido impuestos desde el poder político y quienes resguardan los intereses de las cúpulas que los impusieron. Este escenario ha sido propicio para la creación de beneficios alternos garantizados desde muchas firmas de abogados de “alto prestigio”; ya usted, amable lector, supondrá de qué se trata…
En tercer lugar, es claro que, para evitar la concentración de poder político y económico desde, y no por, el Poder Judicial en beneficio de unos pocos, es consecuencia necesaria democratizarlo, y desde luego fortalecer otros mecanismos para garantizar su profesionalismo, tales como el servicio de carrera, pues no resulta congruente hablar de Estado democrático sólo aplicable para los poderes ejecutivo y legislativo y no para el judicial. La democracia tiene que ejercerse en su amplitud a todo el Estado mexicano y no sólo a una parte de él.
Por lo anterior, en cuarto lugar, no necesariamente es inadecuado democratizar al Poder Judicial, ya que podrían incorporarse mayores controles en su actuar al ponerlo en igualdad de circunstancias frente a los otros dos poderes y porque desde la ciudadanía, la cual tendría que decidir sobre su conformación, podría obtener legitimidad democrática; todo ello, a su vez, podría impactar positivamente para contrarrestar la ingobernabilidad y la perpetuación de intereses facciosos.
Cualquier república democrática tiene que evitar se constituya en contrapeso ilegítimo de la política pública el Poder Judicial; evitar a toda costa que éste obedezca intereses de los grupos que han encumbrado a sus altos jerarcas. Lograr un país más democrático, sin lugar a duda, implicaría mayores estándares de democracia en todas sus instituciones.