Se busca que el Estado sea un jugador fuerte y no se le impongan condiciones o sea sometido a presiones en las cuales no puede tener ninguna injerencia.
T|CDMX|05042023. A veces resulta difícil comprender las distintas versiones que se presentan sobre un mismo hecho. Frente a un evento público, decisión de gobierno, tragedia social, tema local o internacional, en fin, cualquier noticia que nos concierne a todos como integrantes de esta sociedad nacional, surgen las más distintas versiones y en muchos casos son tan distantes como el polo sur y el norte, pero su confrontación nos deja confundidos e impide distinguir lo que efectivamente ocurrió, es decir qué es lo más cercano a la realidad, a la objetividad del hecho. Dominados por las distintas versiones, nublados por el alud de noticias aisladas, no obtenemos ningún conocimiento confiable sobre los acontecimientos que importa saber a todos. Eso ocurre con la decisión del presidente AMLO de comprar a Iberdrola 13 plantas para CFE. De inmediato surge ventarrones en los medios de comunicación y en opinadores que nos insisten es que se trata de una grave contradicción o una decisión que pone en tela de juicio la viabilidad del país. La versión más sencilla se encuentra en las declaraciones del propio presidente: “Porque en esencia lo que se garantiza, es que no aumenten el precio de la luz, eso es lo esencial. Hay muchos elementos técnicos, pero a quienes nos están viendo, escuchando les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública CFE, y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos”. Así de simple es la razón de la decisión de comprar a Iberdrola 13 de las 27 plantas que tiene en nuestro país.
A lo largo de los recorridos que hizo en las campañas presidenciales de 2006 y 2012, AMLO se pronunció en contra de la privatización del sector energético y aseguró que haría, en caso de ganar la presidencia, todo lo que estuviera en sus manos para revertirla. Durante de la campaña de 20018, enfatizó su visión y aseguró que tomaría decisiones como gobierno para hacer realidad esta idea. Una de las ocasiones más destacadas fue durante un discurso en Ciudad del Carmen, Campeche, el 22 de mayo de 2018, donde afirmó que su gobierno invertiría en la exploración y producción de petróleo y gas y que buscaría aumentar la producción de la empresa estatal Pemex. El 5 de marzo de 2018, durante un mitin en Villahermosa, Tabasco, se comprometió a suspender la llamada Reforma Energética, donde afirmó que había sido un “robo” y que su gobierno la suspendería para proteger los recursos energéticos del país. El 19 de marzo de 2018, en un mitin en Tijuana, Baja California, afirmó que su gobierno reduciría los precios de la electricidad y eliminaría la corrupción en el sector energético para lograr ese objetivo. Finalmente, durante un discurso en Saltillo, Coahuila, el 9 de mayo de 2018, afirmó que su gobierno invertiría en proyectos de energía eólica y solar para reducir la dependencia del petróleo y el gas. Sólo revisando los discursos de campaña están claras las decisiones políticas que tomaría en caso de ganar la presidencia, y por lo visto hasta este año 2023, es lo que ha hecho. Ahora bien, cómo saber si la decisión tiene como fin eliminar la dependencia al exterior y del sector privado nacional o extranjero, recuperar la soberanía energética con el propio gobierno la llama, o se trata de una decisión sin el menor calculo financiero, es decir sin tomar en cuenta sus costos, beneficios y perjuicios. Al tratarse de una decisión de gobierno estamos hablando de una decisión de Estado y la forma cómo se concibe económica, política, social y normativamente.
Desde los años 40s y hasta los años 70s, la visión del papel del Estado en la economía estaba basada en su papel como actor preponderante, estás ideas se ejecutan no sólo en nuestro país sino también en gran parte del mundo. A partir de los años 70s transitamos por una grave crisis económica mundial, pero sobre todo nacional, y se cuestionó ese papel que tenía el Estado. A partir de los años 80s sobrevino una crítica contra cualquier idea interventora del Estado en la economía en todo el mundo y nuestro país no fue la excepción. A finales de los años 80s, y con la llegada de las elites neoliberales, se produjo una transformación del mundo y de las relaciones comerciales a través de la globalización. Para nadie en el mundo de la economía, existía la menor duda de que el Estado no debía intervenir en ninguno de los ámbitos económicos y se inició el proceso de privatización de la mayoría de los bienes y empresas que el Estado mexicano tenía. Lo que en efecto ocurre en el gobierno de AMLO es una visión del Estado intermedia, que considera que existen actividades y bienes de la nación que no pueden quedar totalmente en manos del sector privado, especialmente en lo que se refiere al sector energético (otro caso similar sería en la agricultura el relativo a la producción de maíz), porque debilitan su función de atender las necesidades de una población de alrededor de 120 millones de personas (aquí no hay dos mundos: fifís y pueblo, eso ocurriría si existieran tarifas por ingreso). En ese sentido, su discurso y decisiones no van a orientadas a nacionalizar todos los bienes que son considerados propiedad natural de la nación o a reintroducir el papel del Estado en la economía similar al de las décadas de los cuarenta hasta el setenta, sino sólo a encontrar equilibrios en ámbitos específicos de la economía que lo hagan un jugador fuerte, al cual no se le impongan condiciones o sea sometido a presiones en las cuales no puede tener ninguna injerencia.
Para comprobar está hipótesis tomemos dos ejemplos: I) Importación de gasolina. En el año 2016, de acuerdo con datos de la SENER, se alcanzó un máximo histórico de alrededor de 650,000 barriles diarios, pero en 2022 se importaron un total de 581,000 barriles diarios de gasolina, lo que representó una disminución del 16.3% en comparación con 2019; además, se espera que la Refinería Dos Bocas tenga una capacidad de procesamiento de alrededor de 340,000 barriles de petróleo crudo por día (que incluye no sólo gasolina sino también otros productos refinados del petróleo). II) Generación de energía eléctrica. En 2015, la CFE generó alrededor del 75% de la energía eléctrica en México, mientras que las empresas privadas generaron alrededor del 25%; sin embargo, debido a los distintos tipos de contratos y concesiones otorgados, para 2020 la CFE generó alrededor del 56% de la energía eléctrica, mientras que las empresas privadas generaron alrededor del 44%, es decir existe una variable que provocaría que años más adelante la mayor producción de energía eléctrica dependiera de las empresas privadas, e Iberdrola, generadora de alrededor del 15%, del total del país, tendría en su poder la decisión de producción y precios de la energía eléctrica. En ambos casos se trata de decisiones estrategias que busca reequilibrar las condiciones en las que el Estado quedo a partir de la privatización, la imposición del mercado y, sin duda, la generación de corrupción entre servidores públicos y empresas. Así, ni se trata de una regresión a las políticas de nacionalización ni una en contra de toda iniciativa de inversión internacional o nacional, se trata de decisiones estratégicas en sectores estratégicos para el Estado mexicano. Lo que va a resultar todo un reto para nuestro gobierno es que las decisiones tomadas lleguen al puerto deseable y provoquen el bienestar general que las anima, porque de lo contrario, y más allá de las posturas de negro y blanco, nuevamente tendremos un tiempo de confusión y verdades a medias que nublarán el horizonte del desarrollo general del país.